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El ordenamiento jurídico designa el conjunto de normas que regulan la vida social de un Estado. Dichas normas no constituyen un agregado de preceptos inconexos, un conjunto de leyes yustapuestas destinadas a resolver situaciones distintas de la vida social sin que exista vínculo alguno entre ellas. Por el contrario, esta pluralidad de normas forma un todo coherente regido por el principio de jerarquía normativa, según el cual la norma superior prevalece siempre sobre la de rango inferior.

Los juristas suelen utilizar la metáfora de una pirámide legislativa para describir el ordenamiento jurídico en su totalidad. En su vértice, se sitúa la carta magna, la Constitución, la norma suprema que da coherencia a todo el sistema y que han de respetar todas la demás leyes.

Pero el derecho es una realidad cambiante y el principio de jerarquía normativa no es suficiente para evitar las contradicciones entre las distintas normas que componen el ordenamiento jurídico. Para paliar este defecto, el ordenamiento consagra otros dos principios que garantizan su unidad: el de especialidad y el de cronología. El primero implica que la norma específica ha de prevalecer siempre sobre la norma general. En virtud del principio de cronología, la norma posterior es preferible a la anterior por estar más ajustada a la realidad que pretende regular.