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El derecho tradicional japonés asignaba a los miembros de la sociedad unos roles y unos deberes específicos en relación a su estatus social, a la profesión que desempeñaban y a la posición de su familia. Por lo tanto, la administración de justicia se basaba en el respeto a una jerarquía social rígida de castas y clases. A semejanza del derecho chino, las relaciones interpersonales de los ciudadanos no estaban sujetas a leyes específicas.

Mediante unos procedimientos rituales, denominados giri, se lograba evitar el conflicto directo y conseguir una conciliación. La autoridad central del Estado se abstenía de intervenir en las disputas civiles; en el caso de contenciosos entre miembros pertenecientes a las castas sociales inferiores, el desinterés estatal era total. La autoridad imperial, a través de una red de funcionarios, se ocupaba de resolver los casos penales más graves.

Sin embargo, la autoridad imperial era a menudo meramente simbólica, ya que, en la práctica, los poderosos señores locales se resistían a acatarla y preferían gestionar personalmente sus asuntos, incluidos aquellos casos judiciales que en teoría eran competencia del emperador.

Una característica específica de los sistemas jurídicos asiáticos en la Antigüedad consiste en la aplicación del derecho consuetudinario en materia civil y el recurso a una autoridad central poderosa para resolver las causas penales.