Tradicionalmente, se ha considerado que en China, hasta el siglo XIX, el interés jurídico se centraba exclusivamente en el ámbito penal. En los demás ámbitos jurídicos, las relaciones interpersonales y sociales no estaban reguladas por normas jurídicas y quedaban al margen del Estado, a quien no le correspondía impartir justicia. La tradición filosófica y religiosa china predicaba resolver los contenciosos civiles mediante la conciliación privada, es decir, sin la intervención de un tribunal.
El pensamiento de Confucio exhortaba a los ciudadanos a que resolvieran sus "controversias" no penales en base a una serie de principios fundamentales, como el perdón, el natural sometimiento a los superiores o a la piedad filial.
Tras la revolución de 1911, la legislación china tiende a acercarse al modelo europeo. Sin embargo, en la práctica, los ciudadanos continuaron regulando sus relaciones según la antigua escuela del pensamiento. Igualmente , los propios jueces siguieron aplicando la tradición milenaria no escrita del país, excepto en la esfera del derecho penal.
En 1949, Mao Zedong derogó definitivamente las leyes antiguas, sustituyéndolas por una normativa inspirada en el modelo de extinta Unión Soviética.
Tras la ruptura de las relaciones con el país socialista hermano, y de manera especial a partir de 1989, el sistema jurídico chino se orienta hacia las legislaciones de corte europeo, tanto en el ámbito del derecho como en el de la economía.
En su esencia, la antigua normativa china, vinculada al conservadurismo confuciano, puede ser considerada como una forma de derecho en cuanto contempla medidas coercitivas y sanciones.
Sin embargo, resulta evidente que se trata de un derecho consuetudinario, basado en un comportamiento válido y vinculante para la comunidad, a pesar de no estar establecido en un código escrito de leyes. Esta concepción del derecho corresponde al pensamiento de Confucio, según el cual las reglas escritas han de existir únicamente en el ámbito penal y administrativo. En este contexto, los derechos de los ciudadanos no estaban bien definidos ni garantizados: el emperador ejercía un poder absoluto casi ilimitado a través de sus funcionarios.
