ProDerecho

Según el dogma de la división de poderes, el poder jurisdiccional, es decir la potestad de aplicar el derecho vigente mediante sentencias, corresponde a un órgano del Estado, independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo.

La Constitución española garantiza la independencia del poder judicial y configura el derecho a la jurisdicción como uno de los derecho fundamentales de los ciudadanos.

Esto se articula en tres aspecto: libre acceso de los ciudadanos a los jueces y tribunales, protección procesal de los derechos humanos fundamentales y garantías procesales para los inculpados.
El libre acceso a los jueces y tribunales significa que todo ciudadano puede acudir a la administración de justicia cuando considere que ha sufrido un menoscabo en sus derechos; de no existir este posibilidad, se produciría una situación de indefensión. La protección procesal de los derechos humanos fundamentales implica una serie de garantías en el desarrollo del proceso, que giran en torno al denominado derecho de defensa. Dichas garantías se plasman en diversas prerrogativas, como el reconocimiento de la presunción de inocencia, el derecho a la asistencia y defensa por letrado y la posibilidad de impugnar las sentencias.