Administración pública, Derecho administrativo y potestades administrativas

La Administración pública es la organización propia del Estado, incardinada en el poder ejecutivo, dotada de personalidad jurídica propia, a la que se le encomienda constitucionalmente el servicio a los intereses generales en términos de objetividad y eficacia y con sometimiento pleno a la ley y el derecho. La Administración pública se encuentra subordinada a los restantes poderes del estado.

Administracion publica

Definición y características del Derecho administrativo


El Derecho administrativo es el ordenamiento jurídico "público, común y normal" propio de las Administraciones públicas, que regula su organización y su actividad, además de ser hoy en día un derecho aplicable a otros poderes del Estado al regular de manera idónea las relaciones jurídicas entre el poder público y los ciudadanos.

http://www.derecho-administrativo.com/2012/10/el-concepto-de-derecho-administrativo.html

Ordenamiento jurídico público:


Las normas que conforman el Derecho administrativo tienen sin duda alguna carácter público, el derecho privado queda por lo tanto excluido.

Ordenamiento jurídico común y normal:


En un principio la doctrina le había otorgado al ordenamiento jurídico del Derecho administrativo el carácter de "ordenamiento especial y excepcional, hoy en día esta tesis está completamente separada considerándose al Derecho administrativo como ius commune de la Administración pública ya que regula toda relación entre el poder público y ciudadano.

El Derecho administrativo tiene carácter normal y no excepcional, ya que regula una realidad permanente y constante, en síntesis el Derecho administrativo se rige por principios propios y específicos, técnicas peculiares y un régimen independiente con respecto a otras ramas del Derecho.

http://www.derecho-administrativo.com/2012/10/derecho-administrativo-como-ordenamiento-juridico.html

Vinculación de la Administración pública al ordenamiento jurídico:


La Constitución (artículo 103.1 de la Constitución española) es clara: la Administración pública está plenamente sometida a la ley y al resto del ordenamiento jurídico, estas son palabras clave ya que se supera el positivismo legalista y se amplía el margen de acción de la Administración pública que ya no son solo la simple norma legal sino también normas de otro tipo, incluso las de carácter reglamentario o también los principios generales del Derecho; de tal manera la actuación de la Administración será lícita siempre que pueda reconducirse a una norma legal e incluso a un principio general del Derecho reconocido por el ordenamiento.

Concepto de potestad administrativa:


La potestad administrativa es un poder abstracto conferido por el ordenamiento jurídico para crear, modificar, conservar o extinguir situaciones jurídicas. Se trata de una situación jurídica activa en virtud de la cual su titular puede exigir o imponer determinados comportamientos a otros sujetos de Derecho. Este poder abstracto se materializa a través del acto administrativo, no es un poder ilimitado ya que su ejercicio está condicionado en el Derecho que lo confiere, esta se otorga con una finalidad específica, el "interés general", así que la Administración debe ejercitar la potestad a favor de un tercero, "el pueblo". Para terminar la atribución de estas potestades ha de hacerse de modo específico, referido a cada potestad concreta. No caben, pues, las atribuciones genéricas e indeterminadas ni los plenos poderes.

Clasificación de las potestades administrativas:


  1. Potestades innovativas y conservativas: las potestades innovativas se encargan de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas existentes mientras que las conservativas se encargan de conservar, tutelar o realizar situaciones jurídicas preexistentes sin modificarlas o destruirlas.
  2. Potestades de supremacía general y especial: la potestad de supremacía general es la que corresponde al poder público definiendo su posición otorgada por el ordenamiento jurídico. La potestad de supremacía especial se otorga a la Administración para reforzar su posición y su poder ante los administrados cualificados.
  3. Potestades regladas o discrecionales: cuando los elementos que la configuran están predeterminadas en la norma, la Administración tiene que actuar en los términos que la norma le indique (potestades regladas). Cuando la norma no define por completo algunos elementos de la potestad remitiendo su ejercicio o forma de hacerlo a la libre voluntad de la Administración, responde al principio de eficacia (potestades discrecionales).